Puebla, 4 Dic. (Notimex).- Fernando Manzanilla Prieto, secretario General de Gobierno de Puebla, dio a conocer las cinco iniciativas de Ley que el Poder Ejecutivo envió al Congreso del estado para su consideración.
El paquete consiste en la iniciativa de Decreto que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; la iniciativa de Decreto por la que se expide la Ley para Prevenir y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos en el Estado.
Así como la iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley del Notariado del Estado; la iniciativa de Decreto por la que se expide la nueva Ley de Vialidad del Estado, y la iniciativa de Decreto por la que se reforman diversas disposiciones del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla.
En conferencia de prensa, informó que con el objetivo de reducir el gasto de operación del gobierno y poder destinar mayores recursos a obra pública y programas sociales, en el Decreto que Reforma la Ley Orgánica se plantea lo siguiente:
Transformar a la actual Secretaría de Servicios Legales y Defensoría Pública en la Consejería Jurídica del gobernador, con el propósito de que esta instancia funja como el área de asesoría legal del Titular del Ejecutivo Estatal.
“Como consecuencia de esta transformación, se adicionan a la Secretaría General de Gobierno las atribuciones para prestar asesoría jurídica gratuita en asuntos del fuero común y a personas de escasos recursos que por sus condiciones merezcan especial protección”, apuntó.
Además, se propone suprimir la Secretaría de Administración y atribuir a la Secretaría de Finanzas las facultades en materia de administración de recursos humanos y del patrimonio del estado.
En relación a los recursos materiales y humanos con los que actualmente cuentan estas dependencias, la Secretaría de la Contraloría será responsable de coordinar la transferencia hacia las que ejercerán estas nuevas atribuciones.
“Los derechos laborales del personal que pase de una dependencia a otra se respetarán en términos de las disposiciones legales aplicables”, acotó.
En relación a la Ley para Prevenir y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, comentó que busca prevenir las conductas de los delitos de Trata de Personas; coordinar a las autoridades estatales y municipales en la aplicación de la Ley.
Así como establecer mecanismos efectivos de protección, asistencia, recuperación y resocialización para la reconstrucción de su autonomía a las víctimas de este delito; vigilar la reparación del daño a las víctimas, así como fomentar la participación ciudadana en la prevención de las conductas de este tipo de delitos.
En cuanto a la Ley del Notariado, el funcionario estatal apuntó que se norma de manera clara y precisa los requisitos que se deberán acreditar para la obtención de la patente de aspirante a Notario, Notario Auxiliar y Notario Titular; se uniforma un solo tipo de examen; entre otros cambios.
En el caso de la supervisión y vigilancia de la función notarial, se precisan los tipos de sanciones y la forma en que éstas serán determinadas. También, se suprime la figura de la Comisión investigadora, en caso de que se advierta una conducta tipificada penalmente.
En lo que respecta a la iniciativa de Decreto por el que se expide la Nueva Ley de Vialidad, se establecen las atribuciones de la autoridad en materia de vialidad; la coordinación entre el estado y sus municipios; las reglas de vialidad y el tránsito de vehículos y peatones.
Así como de la infraestructura y sus elementos; los derechos y obligaciones de los conductores y peatones, así como medidas preventivas en la vialidad y las disposiciones esenciales en materia de infracciones y sanciones.
En cuanto a la iniciativa de Decreto por la que se reforman diversas disposiciones del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, precisó que el objetivo radica en el cumplimiento de nuevos estándares sobre la protección de los derechos humanos y, en consecuencia, la transición a un Sistema Penal Acusatorio.
